Foto: Susi Maresca

EN SOLO UNA SEMANA, SON MÁS DE 150 LAS DENUNCIAS POR VIOLACIONES A LOS DDHH

Por Victoria Camboni

En una conferencia de prensa realizada en el local de SERPAJ de Buenos Aires, Argentina, integrantes de la Comisión Internacionalista en Solidaridad con Bolivia y acompañados por la delegación humanitaria que días antes intentó ingresar al país, narraron algunos de los hechos de persecución y represión, en primera persona. Un grupo de la Comisión fue perseguido y detenido arbitrariamente en plena calle, cuando se trasladaban a Cochabamba.

En Bolivia rige el estado de excepción desde el 20 de junio. En las calles, la población organizada lleva ya dos meses de movilizaciones masivas y reclamos, recibiendo como respuesta violencia institucional. Distintos sectores se levantaron contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz debido a las políticas de restricción económica, al desabastecimiento de combustibles, a los salarios de hambre y a los beneficios que otorgaba a empresas extranjeras para quedarse con las tierras bolivianas, entre muchas otras medidas antipopulares.

Frente a esta situación que derivó en una feroz represión del gobierno de Paz contra la población, se organizaron dos misiones humanitarias, con el fin de romper el cerco mediático e informar qué está pasando en el país. Una de ellas es la Comisión Internacionalista en Solidaridad con Bolivia, que el miércoles 1° de julio presentó un informe sobre violaciones a los derechos humanos con nueve puntos, donde sintetiza los datos recabados en su viaje durante la semana del 16 al 22 de junio por Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto y San Julián, departamentos donde ha habido mayor represión por parte del Estado boliviano, encabezado por Rodrigo Paz, contra la población.

Una de las voceras de la Comisión, la comunicadora y educadora Claudia Korol, de Feministas de Abya Yala y Pañuelos en Rebeldía, abrió la conferencia a las 14 horas frente a varios periodistas, integrantes de organizaciones sociales y una conexión por Zoom con casi 50 participantes. Una de las valoraciones más importantes y que resume el estado de situación en Bolivia, la plasmó en una frase: “El gobierno de Rodrigo Paz es un régimen represor”, y junto a autoridades y los medios hegemónicos “han impuesto un bloqueo mediático”.

En el informe, leído en conjunto entre Korol y Matías Guffanti, integrante de Our Voice - Voces Insurgentes, detallaron algunas de las violaciones a los derechos humanos que pudieron recabar y conocer de primera mano. Durante la semana de permanencia en Bolivia, recibieron más de 150 denuncias y tuvieron más de 35 entrevistas personales y 5 colectivas de distintos sectores, entre ellos estudiantes, campesinos y comunidades.

Si bien se registran varias personas asesinadas, únicamente Víctor Quispe es reconocido por el Estado. Hasta la fecha de confeccionado el informe, se contabilizaron siete asesinados.

Entre las vulneraciones a la población, constataron represión policial, militar y parapolicial. Hubo “fuerza fascista de civiles armados”, grupos que entraron violentamente a las casas, “hombres armados con machetes que usaron armas de fuego, protegidos por oficiales de la policía”. “El objetivo de estas prácticas es generar miedo, generar enfrentamientos”. Uno de esos grupos es la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que tiene un historial de violencia; “ha golpeado dirigentes en conferencia de prensa” y ha atacado dirigentes, “amenazando a la población sin que nadie los detenga”.

“Hemos recibido algunas denuncias de heridos”, algunos por disparo de bala y balín, e incluso ha sido negada a algunas de estas personas la atención médica inmediata, afirmaron.

El registro que se tiene de personas heridas es de 40. También informaron sobre la existencia de presas y presos políticos, dirigentes sociales, manifestantes y ciudadanos, detenidos en su mayoría sin orden judicial.

Según la documentación que recibió la Comisión, hay unos 500 detenidos en todo el país. Varios de ellos eran jóvenes, algunos menores de edad, estudiantes universitarios, que fueron capturados con violencia y se les secuestraron los documentos y billeteras, sin devolución posterior a la detención. También se les ha negado el acceso a abogados de su propia elección.

Otro de los puntos centrales del informe es la violencia sexual, la misoginia y los discursos de odio. Las mujeres denunciantes manifestaron ser perseguidas por ser pareja o familiares de hombres que formaron parte de las manifestaciones. También denuncian persecución pública e instigación al odio contra estudiantes universitarios que forman parte de comunidades originarias.

Perseguidos por denunciar violencia

Uno de los relatos más alarmantes fue el de la detención de la comitiva cuando se trasladaban desde San Julián a Cochabamba. Según relataron, integrantes de la Comisión fueron detenidos en la misma comisaría donde estuvo Facundo Molares, quien permaneció preso durante 13 meses y fue asesinado a manos de la policía en Buenos Aires, el 15 de agosto de 2023. Se los detuvo con el argumento de que no tenían documentación migratoria, algo que rechazan tajantemente porque tenían en sus manos los comprobantes de ingreso al país.

Horas antes del incidente, un grupo de más de 20 personas con los rostros tapados, allanaron sin orden judicial y con violencia la Casa de la Mujer en San Julián, donde habían estado alojados las y los integrantes de la Comisión.

Estar “vigilantes” ante la represión

La mesa hizo un llamamiento a los pueblos de Abya Yala a estar “vigilantes” con lo que sucede en el pueblo boliviano. También reclamaron “el fin de las políticas de persecución y represión”, así como “la defensa de la vida y la dignidad de los pueblos”.

“La represión en Bolivia tiene rostro de mujer”

Una de las intervenciones más importantes fue la de Belén Dávalos, integrante del ProDHCre (Profesionales por los Derechos Humanos contra la represión estatal), quien agradeció el trabajo de la Comisión, y destacó la “responsabilidad ineludible” de difundir el informe, “para documentar lo que el gobierno de Rodrigo Paz está tratando de documentar que la represión en Bolivia tiene rostro de mujer, tiene rostro popular”. Además, dijo que el gobierno boliviano “utiliza el abandono territorial y el terror patriarcal contra la insurgencia”.

La mujer destacó que desde que el gobierno impuso el estado de excepción, “ha aumentado el número de personas detenidas, y utilizan el sistema judicial como arma de guerra”.

También denunció “la persecución selectiva de las mujeres familiares de los compañeros detenidos”, quienes recibieron más de 10 órdenes de detención, fueron sometidas a allanamientos y detenciones arbitrarias e interrogatorios. “El terrorismo de Estado se extiende contra las compañeras de los que defienden a los suyos”.

Y agregó un dato alarmante: “Una compañera intentó quitarse la vida, siendo víctima de esta persecución”.

“Para garantizar esta impunidad, el gobierno ha levantado los muros afuera, ha expulsado a la misión de derechos humanos que quiso entrar”, e incluso se promovió desde lo político “declarar personas no gratas” a las personas que participaron de las delegaciones humanitarias, sumó.

Por este motivo, dijo: “Exigimos una libertad inmediata de todas las personas investigadas y detenidas, de todos los presos políticos por luchar, basta de encubrimiento estatal y de inculpar al pueblo”.

Y recalcó: “La solidaridad internacional no es injerencia, es el escudo que nos protege” de la violencia estatal.

Luego, respondiendo a la prensa, señaló que se han registrado llamadas con amenazas a toda la familia de varios dirigentes, desde números incluso de Estados Unidos, también por las redes sociales, o amenazas a vecinas y vecinos de los dirigentes. Indicó que tampoco tienen garantías de que la Central Obrera Boliviana esté colaborando, aunque dijo que su equipo jurídico estaría acompañando a algunos de los compañeros. De todas formas, manifestó que “hay una desconfianza enorme” con la central obrera, también por las negociaciones que se están instalando entre este organismo y las autoridades.

“Hay una campaña de desprestigio”

De la conferencia también participaron compañeras de Pan y Rosas, de La Izquierda Diario, y otras integrantes de la delegación que fue detenida y expulsada del país por parte de las autoridades.

Una de ellas, Violeta, destacó la importancia de “la solidaridad internacionalista”.

“El marco conceptual de las movilizaciones es muy importante. Hay una campaña de desprestigio, se nos ha acusado de múltiples cosas”. A pesar de esto, defienden “el derecho de todos los pueblos a rebelarse frente al ajuste, y la persecución. Hay hambre, hay ajuste, y se quiere criminalizar la protesta”, señaló.

“Ya se sabe cuál es el proyecto de país que tiene este gobierno”, sentenció, y mencionó que “se ha detenido a mujeres en la plaza pública por portar aguayos”, símbolos de las comunidades originarias.

Además, afirmó que se han instalado procesos de medidas cautelares en menos de dos horas de detención.

“Quiero denunciar la persecución que sufrimos los dirigentes y sus familias”

Durante la rueda de participaciones, tomó la palabra Deysi Rojas, compañera de Pablo Melma, recientemente detenido en el territorio. Estas políticas que su esposo ha denunciado, son las causantes de la persecución tanto a él como a Deisy, que recibe amenazas para que “no hable, que me calle”. “Estoy sufriendo mucha persecución en la noche, en el día”, aseguró con la voz quebrada. “Quiero denunciar a nivel internacional la persecución que sufrimos los dirigentes y sus familias”, en este caso “mis hijos, sus hermanos, mi familia”, y también lo que sufren las otras personas.

“Ya no hay libertad de expresión en Bolivia, estamos coartados en todos nuestros derechos, ya no hay caso de opinar. Estamos coartados”.

“Mi esposo es un dirigente que nunca ha tenido ningún tipo de problemas. Esta es una persecución política, no tiene otro fundamento”, dijo Deysi, y pidió “apoyo y ayuda”. “A mí tal vez me van a encarcelar. ¿Qué va a ser de mis hijos?”, se preguntó.